1.Cumplimiento efectivo de la normativa forestal existente. La Ley de Montes obliga a la planificación en los montes (hoy solo cumple un 24%) y a programas de prevención de incendios. La Administración debería garantizar la redacción y cumplimiento de estos planes y programas en todos los montes públicos y fomentarlos en los particulares, mediante modelos simplificados de gestión.
2.Financiación estable y fondos específicos para la gestión forestal. Urge dotar de recursos humanos y materiales para cumplir la Estrategia Forestal Española, el Plan Forestal Español y los de las CC.AA., incrementando la ordenación de montes, los tratamientos selvícolas, la restauración hidrológico-forestal, etc. Procede un fondo de inversión forestal, cofinanciado mediante convenios estables Estado-Comunidades Autónomas, y fomentar la colaboración público-privada.
3.Gestión activa de la propiedad privada y pública. El 72% de superficie forestal es privada y sufre por la despoblación rural y la falta de rentabilidad. Requiere incentivos fiscales a la gestión (Bono Social Forestal), ayudas directas y promoción de agrupaciones de propietarios en zonas de minifundio. Los montes públicos deben dar ejemplo y para ello es necesario que las administraciones cuenten con más personal competente y medios materiales destinados a la gestión forestal.
4.Vinculación de la población con los montes y conservación del territorio en mosaico. Hay que conservar en lo posible la integración a nivel de paisaje de actividades agroforestales con ganadería extensiva y cultivos leñosos como la viña o el olivar, entre otros, y potenciar el sector forestal, dando valor añadido a sus recursos (biomasa, madera, leña, corcho, resina, frutos, etc.), estimulando la demanda y facilitando su aprovechamiento, incluyéndolo en lo posible en las actuaciones de restauración post-incendio. Los sellos diferenciadores para productos forestales y ganaderos extensivos son clave. La educación forestal de estudiantes en las aulas y de formadores debe hacerles comprender la importancia de los montes en nuestras vidas y dar el valor a lo forestal que se merece y por tanto para priorizar su uso y conservación.
5.Prevención basada en ecosistemas resilientes. Hay que descargar el combustible forestal que, tras hundirse muchas actividades tradicionales, no ha parado de aumentar, mediante actuaciones preventivas como tratamientos selvícolas, desbroces, pastoreo y quemas prescritas que deben centrarse en las zonas estratégicas de gestión, que se definan y cubran las áreas forestales de mayor riesgo y accesibilidad, para facilitar el control de los incendios. Éstas requieren de un presupuesto extraordinario de las administraciones para prevención de incendios.
6.Mejora de las infraestructuras de los montes. Es necesaria para una gestión forestal más activa y rentable. La accesibilidad en los montes es prioritaria también de cara a la extinción de incendios forestales. El actual abandono hace que muchas pistas y caminos hayan desaparecido, y en otros casos urge su mantenimiento. Son imprescindibles áreas cortafuegos, puntos de agua y de vigilancia bien situados y mantenidos.
7.Simplificación administrativa y digitalización. Hay que simplificar la burocracia administrativa, digitalizar y homogeneizar procesos (por ejemplo, permisos de actuación), y agilizar la ejecución de actuaciones de prevención, aprovechamiento y restauración post-incendio.
8.Profesionalización y dignificación laboral. Todas las profesiones de gestión y emergencias forestales necesitan una formación homologada de calidad, mejorar su retribución y estabilidad laboral, potenciando un tejido empresarial público y privado que procure empleo rural de calidad. Para el relevo generacional, es imprescindible mejorar los servicios y la digitalización en las áreas rurales.
9.Cambio de paradigma en la extinción. Es necesario evaluar la eficiencia de los sistemas, métodos y tácticas de extinción y adoptar los mejores para cada territorio. Hay que avanzar en la formación de grupos especializados en análisis y logística, en los mejores medios tecnológicos, en la interoperabilidad entre Comunidades Autónomas con protocolos coordinados de actuación y homogeneidad de sistemas de geolocalización y comunicación, y en la I+D+i sobre la materia.
10.Cultura de prevención y autoprotección. Hay que apoyar a los municipios con menos recursos y las diputaciones para desarrollar Planes de Actuación Municipal ante Incendios Forestales, y a las urbanizaciones en interfaz urbana-forestal para sus Planes de Autoprotección, redactados por técnicos competentes. Ayuntamientos y CC.AA. tienen que ejercer sus atribuciones urbanísticas y de ordenación del territorio para exigir el cumplimiento y evaluación de los citados planes. La población en riesgo ha de ser formada en protocolos de emergencia por incendio forestal. Son también necesarias campañas de concienciación y sensibilización a la población urbana, rural y de segundas residencias, prácticamente abandonadas desde la última crisis.
Una versión extendida de las propuestas, incluyendo más información técnica, se encuentra accesible en t.ly/Juv3m