El COIM presenta 10 medidas urgentes para reducir el riesgo de grandes incendios y adaptar la gestión forestal al cambio climático y al abandono rural

Reducir la gravedad de los incendios, fortalecer la resiliencia de nuestros montes, proteger a las personas y reconectar el mundo rural con la sociedad, ejes principales de las medidas

4 de noviembre de 2025.- El verano de 2025 ha sido devastador: más de 353.000 hectáreas quemadas y 62 grandes incendios a 12 de octubre, triplicando la media histórica. Castilla y León, Galicia y Extremadura concentraron siniestros que superaron la capacidad de extinción de los dispositivos, considerados en muchos casos entre los mejores del mundo. Ante esta situación crítica, el Colegio Oficial de Ingenieros de Montes presenta una batería de medidas técnicas y estratégicas para avanzar hacia una gestión forestal y de las emergencias más adaptada al nuevo contexto climático y al grave abandono rural:

1.Cumplimiento efectivo de la normativa forestal existente. La Ley de Montes obliga a tener documentos de planificación en todos los montes, pero solo existen en un 24% de la superficie, porcentaje que crece muy lentamente. También obliga a organizar programas de prevención de incendios basados en sus causas y a desarrollar campañas de concienciación y sensibilización para la prevención.

La Administración debería garantizar la redacción y cumplimiento de estos planes y programas en todos los montes públicos y fomentarlos en los particulares, porque son cruciales para su gestión sostenible, para hacerlos más resilientes, simplificar trámites y garantizar la seguridad jurídica para sus propietarios.

Los planes de gestión deben ser suficientemente sencillos, acordes a la realidad socioeconómica y climática, favoreciendo la conservación y el aprovechamiento de los recursos, adaptativos  en lo posible hacia bosques mixtos y mejorando la resiliencia al fuego.

2.Financiación estable y fondos específicos para la gestión forestal.

Urge dotar de recursos suficientes (en especial recursos humanos y materiales) para la aplicación real de la Estrategia Forestal Española, del Plan Forestal Español y de los planes forestales de las CC.AA., de modo que se incremente la ordenación de montes, la práctica de tratamientos selvícolas, la restauración hidrológico-forestal, etc. Para ello procede crear un fondo para inversión forestal, asegurar la cofinanciación interadministrativa mediante convenios estables Estado-Comunidades Autónomas, y fomentar la colaboración público-privada.

3.Gestión activa de la propiedad privada y pública. Un 72% de la superficie forestal es privada: el abandono por la despoblación rural y la falta de rentabilidad requiere frecuentemente incentivos o bonificaciones fiscales a la gestión (Bono Social Forestal), ayudas directas al selvicultor activo y promoción de agrupaciones de propietarios o concentración parcelaria en zonas de minifundio forestal.

Los montes públicos deben ser ejemplo y para ello es necesario que las administraciones públicas cuenten r con más medios humanos y materiales y deben reinvertir parte de los ingresos, cuando existan, en conservación y empleo local. Además, debe existir financiación a los ayuntamientos para formar a operarios especializados para integrarse en las labores de gestión forestal. 

4.Vinculación de la población con los montes y conservación del territorio en mosaico. Es prioritario fomentar la activación socioeconómica del sector forestal en todos sus aspectos. Hay que revisar la normativa y así favorecer y permitir tanto las actividades tradicionales como las actuaciones de prevención de incendios que deben ser consideradas de interés general cuando protejan determinadas infraestructuras críticas y básicas, poblaciones, espacios protegidos o se realicen en zonas estratégicas de gestión. En este contexto resulta fundamental integrar la actividad agroforestal con ganadería extensiva y cultivos leñosos en lo posible, diversificando las estructuras forestales ordenadas y gestionadas, impulsando cadenas de valor que frenen el abandono rural. Los sellos diferenciadores para los productos forestales y los de la ganadería extensiva son clave para su revalorización.

La educación forestal debe desarrollarse en las aulas como herramienta clave para comprender la importancia de los montes en nuestras vidas. La educación crea conocimiento y este sirve para dar el valor que se merece a lo forestal y por tanto para priorizar su uso y conservación, y es una herramienta para prevenir incendios y para conocer la ecología del fuego.

5.Prevención basada en ecosistemas resilientes. Hay que descargar de combustible las masas forestales que tras el hundimiento de las actividades tradicionales en los montes no ha parado de aumentar Es prioritario adaptar las estructuras de nuestras masas forestales a las actuales condiciones climáticas, reduciendo el combustible mediante las actuaciones técnicas precisas (tratamientos selvícolas, desbroces, pastoreo, quemas prescritas, etc.).

Para ello, es imprescindible un incremento considerable de la inversión de las distintas administraciones, mediante un presupuesto extraordinario para contratos para actuaciones de prevención de incendios en zonas estratégicas de gestión que deben definirse y cubrir anualmente al menos un 1% de la superficie forestal nacional (sería muy positivo un porcentaje varias veces mayor).

Estas actuaciones de prevención deben estar orientadas también a la conservación y mejora de la biodiversidad, en tanto que la consecución de bosques con mayor madurez allá donde esto sea posible es también una mejora de la prevención y la resiliencia frente a incendios. Además, es esencial potenciar la demanda local de productos forestales, facilitando su aprovechamiento (biomasa, madera, leñas, frutos, etc.), incluyendo en lo posible las actuaciones de restauración post-incendio.

6.Mejora de infraestructuras de los montes. Es necesario mejorar la red viaria forestal como base para una gestión forestal más activa y rentable. . La accesibilidad en los montes es prioritaria de cara a extinción de incendios forestales para permitir a los medios de extinción su llegada a las zonas donde es necesario desarrollar actuaciones para el combate contra el fuego. El actual abandono de gran parte de la superficie forestal hace que muchas pistas y caminos hayan desaparecido de muchos montes y en otros casos, urge su mantenimiento y construcción. En este último sentido, son imprescindibles áreas cortafuegos, , puntos de agua y de vigilancia situados estratégicamente y bien mantenidos.

 7.Simplificación administrativa y digitalización. Hay que simplificar la burocracia en los aprovechamientos mediante declaraciones responsables simples para cumplir la normativa, digitalizar y homogeneizar procesos (por ejemplo, de permisos de actuación), así como agilizar la ejecución de las actuaciones de prevención, aprovechamiento y restauración post-incendio.

8.Profesionalización y dignificación laboral. Es imprescindible para todas las profesiones forestales (operarios, maquinistas, agentes forestales, bomberos especializados, técnicos en emergencias, ingenieros técnicos forestales, ingenieros de montes, etc.), mejorar la formación - especialmente la profesional -, la retribución y la estabilidad laboral, potenciando un tejido empresarial público y privado que procure empleo rural de calidad. Los dispositivos de extinción necesitan de sistemas de acreditación para cada una de las personas que forman parte de los operativos de extinción, conforme al puesto ocupado, para así garantizar unidades y equipos altamente especializados en combatir fuegos de mayor complejidad y peligrosidad.

En particular, las Administraciones Públicas han de respetar las exclusivas competencias en materia forestal de las profesiones reguladas (ingenieros de montes e ingenieros técnicos forestales) para asegurar la calidad de los trabajos.

En todo caso, para facilitar el relevo generacional, es imprescindible mejorar los servicios y el acceso a la digitalización en las áreas rurales.

9.Cambio de paradigma en la extinción. Es necesario evaluar la eficiencia de los sistemas, métodos y tácticas de extinción y adoptar los mejores para cada territorio. Hay que avanzar también en la formación de grupos especializados en análisis y logística, en la mejora de medios tecnológicos, en la interoperabilidad entre Comunidades Autónomas, en el establecimiento de protocolos claros y coordinados de actuación, en la homogeneidad de sistemas de geolocalización y comunicación, en la I+D+i sobre la materia y en la formación homologada para los trabajadores en extinción. 

10.Cultura de prevención y autoprotección. Hay que aportar medios humanos y materiales, para que los municipios con menos recursos y las diputaciones provinciales puedan desarrollar sus Planes de Actuación Municipal ante Incendios Forestales, y las urbanizaciones en interfaz urbana-forestal redacten y apliquen Planes de Autoprotección por Riesgo de Incendio Forestal, redactados por técnicos competentes en materia forestal.

Los Ayuntamientos y las Comunidades Autónomas han de aplicar decididamente sus competencias en materia de urbanismo y ordenación del territorio para evitar situaciones urbanísticas de especial riesgo en caso de incendio forestal, y exigir el cumplimiento y evaluación de los planes de autoprotección.

La población de núcleos habitados en el medio rural ha de ser formada en protocolos claros de actuación en caso de emergencia por incendio forestal. Son de extrema importancia las campañas de concienciación y sensibilización a la población urbana, rural y de segundas residencias, así como a formadores y estudiantes, campañas prácticamente abandonadas desde la última crisis.