En este contexto, y como primer elemento, el COIM fija en 1.908 millones de euros la inversión total necesaria en los distintos ámbitos de la prevención de incendios forestales. Una cifra entendida no como un gasto puntual, sino como inversión sostenida y plurianual indispensable para reducir el riesgo y mejorar la resiliencia del territorio frente a los grandes incendios.

Esta partida preventiva se desglosa en dos ejes prioritarios. Por un lado, las actuaciones de prevención directa y pre-extinción - como desbroces, quemas prescritas, el fomento de la ganadería extensiva o creación y mantenimiento de infraestructuras de apoyo – que requieren un mínimo de 1.249 millones de euros anuales. Este importe representa en la práctica triplicar la inversión actual. Por otro lado, la planificación forestal en general y la gestión de los bosques de especies de crecimiento lento, en particular, requiere de 659 millones de euros anuales, multiplicando varias veces el presupuesto que se destina actualmente. Además, el Colegio considera imprescindible destinar al menos un 1% de la inversión en comunicación institucional de las administraciones a concienciación y formación de la población, lo que supone como mínimo 28 millones de euros anuales.

En segundo término, el análisis realizado por el Colegio estima el incremento necesario de inversiones de las administraciones competentes para reforzar la profesionalización y coordinación de la extinción en casi 169 millones de euros al año adicionales sobre la ya elevada cifra actual. Asimismo, el Colegio estima necesario destinar unos 29 millones de euros anuales a mejorar la autoprotección de pueblos y urbanizaciones en interfaz urbanoforestal que carecen de recursos suficientes, una partida que reforzará sin duda las inversiones que ya ejecutan los municipios y urbanizaciones con presupuesto propio.

Por tanto, el Colegio Oficial de Ingenieros de Montes considera imprescindible incrementar hasta más de 1.900 millones de euros anuales, la prevención, preextinción y el apoyo a la planificación y gestión forestal no rentable o con baja rentabilidad, en casi 200 millones de euros anuales las inversiones destinadas a extinción y autoprotección y alcanzar casi 30 millones en concienciación y educación.

En términos globales, esta partida presupuestaria adicional, sumada al gasto actual en los dispositivos de extinción y autoprotección, representaría menos del 0,5% del gasto público de 2025. Con esta cifra España podría proteger de un riesgo grave y creciente a más de la mitad de su territorio, el que tiene carácter forestal.

Pero la respuesta no puede limitarse a las inversiones de las administraciones. Además, es imprescindible apoyar a los propietarios forestales privados, en su mayoría pequeños propietarios rurales, que poseen más del 70% de la superficie forestal española. Dicho apoyo es posible articularlo mediante incentivos fiscales a la gestión forestal activa y el reconocimiento y pago por los servicios ambientales que dicha gestión proporciona a toda la sociedad: absorción de CO2, regulación y provisión de agua, conservación de la biodiversidad, protección del suelo, o prestación de espacios para el recreo, entre otros.

El Colegio Oficial de Ingenieros de Montes plantea la necesidad de alcanzar un auténtico Pacto de Estado frente a esta emergencia socioambiental, que es la de los incendios forestales, con una estrategia coordinada y sostenida en el tiempo que permita actuar sobre las causas estructurales del riesgo. Un pacto con una escala territorial y temporal más concreta que otras grandes políticas de Estado, pero cuya urgencia exige actuaciones inmediatas y resultados a corto plazo.

Eduardo Tolosana, decano del Colegio Oficial de Ingenieros de Montes afirma “El Colegio quiere subrayar que las cifras planteadas no corresponden a una inversión puntual o inicial, sino a una cuantía que debe mantenerse, revisarse y actualizarse de forma continuada. Y no debe contemplarse como un coste, sino como una inversión necesaria y rentable para reducir los elevadísimos costes humanos, sociales, económicos y ambientales que los incendios forestales generan en España”.