Propuesta de un Pacto por los Bosques Españoles

POR UNOS BOSQUES RESILIENTES Y CON FUTURO, SOCIALMENTE RENTABLES, ECONÓMICAMENTE VIABLES Y ECOLÓGICAMENTE DIVERSOS

Elaboración: Comité de Asuntos Rurales

Instituto de la Ingeniería de España - Mayo de 2023

Considerando la amenaza y las consecuencias de unos incendios forestales cada vez más virulentos e incontrolables, la despoblación del medio rural y la capacidad de los bosques para evitarla e incluso revertirla, su contribución a la bioeconomía nacional, los múltiples servicios ecosistémicos que prestan a toda la sociedad, urbana y rural, y la importancia de los selvicultores en su generación.

Se propone un Pacto Nacional por los Bosques, que apueste por asegurar la supervivencia de los terrenos forestales a largo plazo, por la bioeconomía forestal, por el uso de la madera y otros productos forestales en los sectores de la construcción, embalaje, textil, químico, energético…  frente a otros basados en materias primas no renovables, lo que requiere que las Administraciones Públicas lideren e impulsen un tejido empresarial local, comarcal, regional y nacional vinculado al sector forestal.

Un pacto basado en la sensibilidad y en el conocimiento que pretende ser aceptado por el conjunto de la sociedad española, a través de sus legítimos representantes, tanto en el Congreso de los Diputados y en el Senado como en la Federación Española de Municipios y Provincias.

PANORAMA GENERAL SOBRE LOS BOSQUES ESPAÑOLES

España es el segundo país con más superficie forestal de la Unión Europea (UE). Los ecosistemas forestales españoles ocupan más de la mitad del territorio nacional, 28 millones de hectáreas (55,3%), de las que dos terceras partes (18,5 millones de hectáreas) son arboladas y el resto no arboladas.

El 72% de la superficie forestal española es propiedad privada, más de 20 millones de hectáreas, cuya gestión corresponde a sus propietarios. El resto, un 28% son propiedad de las Administraciones Públicas (AA.PP.)

Los inventarios forestales nacionales muestran un incremento constante de la superficie forestal y de su espesura en las últimas décadas. Los montes españoles, han multiplicado por 2,5 su extensión en los últimos 80 años, y por 3 sus stocks de biomasa en los últimos 50 años, sin embargo, el aprovechamiento del monte ha retrocedido de forma abrupta. Las causas que han provocado esta situación son múltiples. El cambio en el modelo socioterritorial vinculado al éxodo rural iniciado en los años 50 del siglo pasado supuso el abandono de tierras de cultivo y de actividad ganadera, que ha favorecido la colonización de estas por un continuo de vegetación natural, alejado del tradicional paisaje mosaico tan habitual en nuestro país, y que está evolucionando hacia la formación de nuevos bosques. Pero además esta nueva sociedad “desruralizada”, mayoritariamente urbana, con la mitad del territorio despoblado (según los estándares europeos, menos de 12,5 hab./Km²), ha abandonado el aprovechamiento de los recursos forestales condicionada por la introducción en la normativa y en la conciencia social apoyada en los medios de comunicación, de las tesis ecologistas que, durante los últimos 50 años, han tratado de frenar la actividad en muchos de los sectores económicos relacionados con la actividad primaria.

CANTIDAD Y CALIDAD DE LOS RECURSOS FORESTALES

España es un país netamente forestal para los estándares europeos, siendo el 2º país con mayor superficie forestal de Europa solamente superado por Suecia, duplicando las hectáreas forestales de Francia y casi triplicando a Alemania. Pero desde hace más de 50 años no se comporta como tal. No se aprovechan debidamente los numerosos recursos renovables que proporcionan los montes, y que han sido sustituidos por otros no renovables y con una importante huella ecológica, contraviniendo así el más elemental criterio de sostenibilidad.

Los montes españoles son capaces de proporcionar multitud de recursos materiales e inmateriales, tangibles e intangibles, con precio de mercado o sin él, muy cuantiosos por la extensión de los terrenos forestales, diversos por la heterogeneidad del territorio, renovables y estratégicamente ubicados, mayoritariamente, sobre zonas rurales despobladas: madera, biomasa, resina, corcho, caza, pesca, setas, trufa, miel, frutos (castaña, piñón, avellanas, nueces, arándanos, etc.) plantas de extracto (aromáticas, medicinales, condimentarias, cosméticas), pastos y otros alimentos para la ganadería extensiva, etc. incluso agua. Y en otro orden, un amplio espectro de servicios ecosistémicos que aportan un gran valor a la sociedad sin apenas contraprestación económica para los propietarios y habitantes de las zonas forestales: biodiversidad, reserva genética, captura de CO2 y consiguiente mejora del cambio climático, protección del suelo, regulación del ciclo hidrológico de gran interés ante la mayor frecuencia de episodios de lluvias torrenciales vinculadas al cambio climático, uso social, paisaje… Lamentablemente se ha perdido mucha de la cultura de uso del monte, acumulada durante siglos. Gran parte de la población española desconoce los múltiples beneficios que proporcionan los bosques ibéricos y demás terrenos forestales, también ignora que existen ciencia y técnica contrastadas para garantizar la conservación mediante el aprovechamiento sostenible de los montes.

Continuar ignorando una fuente de riqueza y empleo para la sociedad en general, dada la fuerte correlación entre la distribución de los bosques y las zonas rurales despobladas, supone la pérdida de una inmensa oportunidad para reconducir el largo proceso de declive rural, causa de la despoblación, hacia otro de progreso, también largo, que puede conducir a un sistema rural revitalizado en la España del siglo XXI.

ACUMULACIÓN DE BIOMASA: UN PROBLEMA Y UNA OPORTUNIDAD

Los escasos tratamientos selvícolas y aprovechamientos forestales de nuestros montes han provocado el almacenamiento de una inmensa cantidad de biomasa.

Desde 1990, España ha aumentado su superficie arbolada a un ritmo anual (2,19 %) muy superior a la media europea (0,51 %); de hecho, es el país del continente europeo con mayor aumento de superficie de bosque, aportando más del 40% del incremento del total europeo. Pero es que además nuestros bosques se han densificado con un incremento de un 130% desde 1975 a 2010, pasando de un promedio de 656 árboles por hectárea a 975 árboles por hectárea para dicho periodo.

Durante el último decenio, cada año, en los montes españoles han crecido una media de 46 millones de m³ de madera, de los que sólo se aprovechan algo más de 16, lo que supone una tasa del 35% anual (36,80% en 2020), y con una distribución muy desigual entre las diferentes Autonomías españolas. Tradicionalmente el 75-80% de las cortas se realiza en el 13% de la superficie arbolada en el ámbito de la Cornisa Cantábrica, siendo Galicia el territorio que acumula casi el 60% de éstas.

Esta tasa de extracción del 35% se encuentra muy por debajo de lo que permitiría un aprovechamiento sostenible de las masas forestales y es muy inferior a la media de los países de UE donde la cifra alcanza el 75%.  Es decir, los bosques españoles producen aproximadamente tres veces más madera de la que se aprovecha por lo que 2/3 de la producción anual pasa a incrementar la biomasa acumulada en nuestros montes.

Como consecuencia de lo expuesto, el volumen maderable existente en España se ha duplicado en los últimos 35 años, pasando de los 456,72 millones de metros cúbicos en 1975 hasta los aproximadamente 930 millones actuales. A dicha acumulación de madera, se añade otra cantidad importante de biomasa no maderable, que confiere alta combustibilidad a los terrenos forestales y resultaría muy útil como recurso energético.

En resumen, nos encontramos con un riesgo cada vez mayor de incendios forestales incontrolables, que desbordan la capacidad de cualquier sistema de extinción, a pesar de que en España contamos con unos servicios de extinción de incendios forestales punteros a nivel mundial, provocando situaciones muy peligrosas como consecuencia de esta ingente acumulación de combustible en el monte a la que se ha unido la abrupta evolución de las condiciones climáticas en los últimos años. Y todo ello sucede a la vez que, paradójicamente, España importa de otros países algo más de 15 millones de metros cúbicos de madera sobre un consumo anual de unos 32 millones de metros cúbicos.

LOS OBJETIVOS

Ante esta situación, es urgente cambiar el paradigma actual basado casi exclusivamente en inversiones centradas en la extinción de los incendios forestales.

No son los pirómanos, los descuidos de agricultores o las imprudencias de excursionistas, etc. los que hacen posible los grandes incendios forestales, éstos solo son las espoletas. La causa de que cada vez sea más frecuente este tipo de incendios es la inexistencia de una gestión continua y efectiva de los bosques que aproveche de forma sostenible sus numerosos recursos bajo los criterios de la conservación activa; y considere el espacio ocupado por ellos, como una pieza sustantiva del sistema territorial; no solo del rural.

Los montes bien gestionados son ecológicamente diversos, sanos y resilientes ante el cambio climático; socialmente son atractivos; y funcionalmente productivos en términos de recursos tangibles e intangibles: materias primas para numerosas industrias, soporte de negocio y empleo estable en el mundo rural y proveedores de múltiples servicios ecosistémicos.

Son destacables el impulso de la bioeconomía, que abre nuevas y prometedoras oportunidades, la diversificación de usos en la industria de primera y sucesivas transformaciones de la madera con un alto valor añadido y el potencial energético de la biomasa.

Se trata, en esencia, de fomentar el emprendimiento de actividades económicas vinculadas al sector forestal a través del uso y consumo sostenible de sus recursos, ya sea con actividades directas como el aprovechamiento de la madera, corcho, biomasa, setas, resina, castaña, piñas, etc., con actividades complementarias ligadas al monte como la ganadería extensiva o mediante el fomento de los servicios turísticos y de salud que proporciona el monte.

Todo esto creará riqueza y empleo, contribuyendo a fijar y dinamizar la población rural y a atraer otra nueva, a la vez de conseguir mejoras en los ecosistemas y la biodiversidad. Conseguir estos objetivos implica constancia en la aplicación de las decisiones políticas y mantenimiento interanual del montante de las inversiones en mejora, para estabilizar empresas y trabajadores.

En consecuencia, los objetivos fundamentales y urgentes de las políticas forestales deberían enfocarse hacia los siguientes aspectos:

• Divulgar y fomentar la cultura forestal en el medio rural y especialmente en el urbano.
• Generalizar la aplicación de las técnicas de aprovechamiento sostenible de los recursos forestales.
• Mejorar la capacidad de respuesta de los bosques frente al cambio climático a través de su mejora.
• Fomentar una gestión forestal que controle la carga de combustible.
• Implicar a la ganadería extensiva en dicha gestión.
• Implicar a la agricultura facilitando la formación de mosaicos en ciertos lugares.
• Incrementar y dar constancia a la inversión pública en medidas de aprovechamiento y conservación activa de los bosques.
• Incentivar el aprovechamiento rentable y sostenible en los montes de propiedad privada.
• Aumentar la inversión privada en el sector forestal, en el marco de la responsabilidad social corporativa.
• Compensar económicamente los servicios ecosistémicos de los bosques.
• Incrementar la formación profesional en el sector forestal.
• Implicar a la industria transformadora de productos forestales en el refuerzo de la cadena  monte-industria para que aporte estrategias de continuidad.

LAS MEDIDAS

Afrontar el cambio de paradigma citado requiere un conjunto coherente de medidas, complementarias y sinérgicas; este documento propone a continuación las que se consideran más importantes, agrupadas en líneas de acción relevantes.

1. Sensibilización social y Formación

Educación y divulgación forestal

No se valora lo que no se conoce. Una breve búsqueda de varios términos asociados al bosque (forestal, selvicultura, sostenible, ambiente, despoblación...) en los currículos de Infantil, Primaria, ESO y Bachillerato muestra una situación desalentadora. Y más aún, refuerza el desaliento comprobar que contienen mensajes falsos y contradictorios.

Implementar medidas en pro de la gestión forestal requiere divulgar desde las edades más tempranas los numerosos recursos del bosque y los servicios ecosistémicos que aporta. Conviene hacer notar a la sociedad que los bosques no son espacios inamovibles y estáticos., Los bosques europeos son ecosistemas en continua evolución ancestralmente manejados por el hombre, manejo que debe continuar para que no se degraden.

Es necesario eliminar ciertas falacias muy extendidas: cortar árboles no es malo; es necesario para tener unos bosques sanos y sostenibles; extraer la biomasa y aprovecharla en forma de elementos para la construcción, muebles, energía o simplemente papel, es absolutamente necesario para sostener los bosques, mantenerlos vivos y saludables

Se propone:

• Incluir en los currículos escolares, desde Infantil hasta Bachillerato, el conocimiento de los montes, de sus beneficios y productos y de la gestión forestal sostenible.
• Realizar campañas de comunicación para acercar a la sociedad la cultura forestal, las bondades de la gestión forestal sostenible y el uso de los productos del bosque.

Favorecer el uso público del monte

En los espacios forestales pueden realizarse multitud de actividades cada vez más demandas, especialmente por los habitantes de las ciudades, las cuales facilitan a muchas personas el contacto con la naturaleza, aunque a menudo no comprendan su funcionamiento. En cualquier caso, el uso público de los montes supone una oportunidad para poner de manifiesto las ventajas de su gestión activa.

Se propone:

• Regular que las actividades recreativas en el monte se realicen de forma sostenible, con medidas de educación ambiental explicando las dinámicas de los ecosistemas forestales (bosques, terrenos adehesados, monte bajo, matorrales, pastos, etc), su significado social y los servicios y productos que nos proporcionan.
• Completar la formación de los monitores de actividades en la naturaleza incluyendo la gestión forestal activa y sus ventajas sociales, económicas y ecológicas.
• Recuperar las construcciones, instalaciones y recursos arqueológicos de los montes para darles contenido educativo de carácter forestal y uso público.

Profesionalización del sector

Para implementar la gestión forestal moderna, sostenible y proactiva que necesita nuestro territorio son necesarios más profesionales capacitados en todos los niveles formativos, especialmente en los niveles cualificados, ya que las empresas se encuentran con grandes dificultades para encontrar mano de obra especializada; así como de ingenieros de la rama forestal dedicados a la gestión directa de los bosques, en un país cuya ratio de ingenieros por superficie de bosque es muy inferior a la de los países de nuestro entorno.

Se propone:

• Aumentar y diversificar la oferta de los estudios de formación profesional de carácter forestal, mediante coordinación entre las distintas Administraciones forestales, el sector empresarial y los sindicatos para elaborar un plan de formación profesional del sector forestal para cada uno de los perfiles que se necesitan. Estos centros de formación profesional forestal deberían estar localizados preferentemente en las cabeceras de comarcas forestales en proceso de despoblación.
• Favorecer un marco laboral atractivo en el sector forestal.
• Potenciar centros de investigación forestal, conectados entre con la Universidad y con el tejido empresarial.
• Promover el emprendimiento, la creación de empresas e industrias que generen un mercado de obras y servicios en un sector forestal, que permita la consolidación de un tejido empresarial acorde con potencialidad del sector.

2. Planificación forestal

La normativa forestal española, de obligado cumplimiento, incluye numerosas figuras de planificación, cuya aplicación, basada en el acervo científico de las ingenierías de ámbito forestal, es necesaria para llevar a cabo una gestión ordenada y sostenible de nuestros montes en el marco de la bioeconomía.

Entre las figuras de planificación de la gestión cuyo desarrollo deberá reforzarse se encuentran:

Instrumentos de ordenación forestal:

Proyectos de Ordenación de montes y Planes Técnicos.

Apenas un 20% de nuestros montes dispone de un Proyecto de Ordenación, con gran diferencia entre Comunidades Autónomas (CCAA) y formas de propiedad del suelo.

El 44 % de la superficie forestal pública está ordenada, mientras no llega al 12% en los de propiedad privada. Este desequilibrio se debe a la carencia de incentivos económicos de los propietarios, lo que, unido al minifundio y a la despoblación, implica el abandono.

Por otra parte, la superficie certificada por alguna de las dos herramientas existentes, FSC o PEFC, alcanza el valor medio de aproximadamente el 15% de la superficie arbolada, con una gran variabilidad, también entre CCAA.

Planes de Defensa contra Incendios Forestales

La gran mayoría de las CCAA han aprobado Planes de Defensa contra Incendios Forestales, pero es muy baja la ejecución de sus amplias y variadas medidas enfocadas a la población, a los tratamientos selvícolas preventivos, a la construcción de puntos de agua y a la mejora de la accesibilidad para un más rápido y eficaz el ataque. Estos Planes deberían priorizar la creación de un mosaico discontinuo de bosques con cultivos de baja combustibilidad, bosques abiertos, dehesas y pastizales que actúen como barreras. Asimismo, debe regularse prioritariamente la interfaz urbano-forestal, coordinada con el urbanismo, así como las obligaciones de los titulares de terrenos urbanos afectados.

Por su parte, de los 3.768 municipios con territorio declarado Zona de Alto Riesgo (ZAR), sólo el 25% tiene un plan específico de defensa contra incendios forestales.

Planes de Ordenación de Recursos Naturales (PORN), Planes Rectores de Uso y Gestión (PRUG).

En cuanto a la Red Natura 2000, a pesar de haber pasado 15 años desde la aprobación de la Ley 42/2007 de Patrimonio Natural y la Biodiversidad, los instrumentos de planificación previstos en ella que se han aprobado son muy escasos. En varios de ellos existen directrices contrarias a la aplicación de la selvicultura preventiva de incendios o que reducen la seguridad y el éxito de los medios de extinción, limitando su movilidad.

Se han hecho notables esfuerzos en materia de conservación y mejora del conocimiento en parte con el apoyo del Programa LIFE europeo, del Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático y de los Planes de Impulso al Medio Ambiente para la Adaptación al Cambio Climático que han permitido la recuperación de diversas especies en peligro de extinción, pero las inversiones en medidas de gestión forestal son escasas, no ejecutándose las prescripciones que a este respecto se recogen en los respectivos documentos. Por otra parte, en muchas ocasiones los PORN y PRUG se redactan al margen de la gestión forestal limitándola en exceso cuando aquellos se deberían adecuar a los Instrumentos de Gestión Forestal.

Se propone:

• Impulsar la formulación e implementación del déficit de todos los planes señalados, revisando los aprobados.
• Elaborar y desarrollar los Planes de Ordenación de los Recursos Forestales previstos en el artículo 31 de la Ley 43/2003 de Montes como herramienta para la planificación comarcal conjunta de la gestión de los bosques y las industrias forestales.
• Publicar en las CCAA sus correspondientes instrucciones de ordenación y aprovechamiento de los montes apoyándose en las directrices básicas comunes de gestión forestal sostenible recientemente aprobadas por el gobierno de España
• Elaborar y publicar modelos tipo de gestión forestal a nivel comarcal, para informar a los propietarios privados sobre la implementación de instrumentos de gestión forestal en cada monte.
• Elaborar e implementar en todos los municipios situados en zonas de riesgo elevado, Planes de prevención y defensa contra incendios forestales.
• Coordinar con los Planes de Ordenación de los Recursos Naturales, con los Planes Rectores de Uso y Gestión y otros instrumentos de gestión de Espacios Naturales Protegidos que afectan a terrenos forestales a los instrumentos de gestión forestal y modelos tipo comarcales para una gestión forestal activa del territorio.
• Impulsar la certificación de la gestión y de los productos forestales como forma de valorizar los recursos del monte y darles visibilidad.
• Prever la financiación necesaria para ejecutar las medidas previstas en los planes.

3. Medidas de fomento

Valorización de los productos forestales

Mediante el desarrollo y aplicación de los correspondientes Proyectos de Ordenación, Planes Técnicos y Planes de Aprovechamiento, nuestros bosques pueden ser fuente de números recursos renovables de interés económico para las áreas rurales y para el país en general. No sólo mediante un mayor empleo de los usos ya conocidos e infrautilizados ligados a la industria forestal como madera para construcción o mobiliario, sino también a través de otras actividades como la recolección de setas, de plantas aromáticas, obtención de resina, corcho, piña, etc., así como con el desarrollo de aplicaciones novedosas sustitutivas de materiales plásticos.

Actualmente hay un desequilibrio entre las curvas de oferta y demanda de productos forestales debiéndose dirigir las acciones que pudieran emprenderse por las políticas forestales hacia un fomento de la demanda incentivando su innegable valor añadido.

Las industrias de 1ª transformación de la madera (madera aserrada, madera estructural, tablero y chapa) así como las de 2ª transformación (muebles, carpintería, puertas, ventanas, etc.) son clave para el desarrollo rural en muchas zonas de España, ya que se ha demostrado que su persistencia en dichas zonas garantiza la viabilidad social de los municipios en los que se ubican y en la comarca del entorno. En la actualidad existen alrededor de 1.200 empresas de 1ª transformación en España y casi 9.000 de 2ª transformación. De elevarse las extracciones de madera de los 15 millones de metros cúbicos actuales a 30 millones el empleo forestal aumentaría de los 200.000 empleos actuales a unos 300.000.

Se propone:

• Apostar decididamente por el uso de la madera de los bosques españoles (madera de proximidad) en la construcción teniendo en cuenta que se trata de un producto renovable, de mucha menor huella de carbono que otros materiales constructivos y elemento base de la cadena de la economía circular del monte.
• Investigación, desarrollo tecnológico y formación en la materia, de otros profesionales, fundamentalmente del sector de la ingeniería civil y la arquitectura.
• Divulgar las ventajas de la madera nacional, incentivando su uso, fomentando su inclusión en los pliegos de condiciones en obras públicas a través de la consideración de aspectos valorativos diferenciadores vinculados a la huella de carbono y a la economía circular.
• Desarrollar los planes de aprovechamiento eliminando de esta manera la incertidumbre en el aprovisionamiento de madera y garantizando así la estabilidad del mercado en precios y cantidad.
• Implantar un modelo fiscal que compense los costes de ubicación de las industrias de transformación de la madera considerando además la disminución de sobrecostes ligados al desempleo, pérdida de ingresos fiscales por necesidades de importaciones de materiales, etc.
• Desarrollar la investigación aplicada hacia productos derivados de la madera sustitutivos de productos obtenidos a través de derivados de hidrocarburos.
• Impulsar la bioeconomía de los productos forestales no maderables: resina, corcho, hongos, frutos silvestres…
• Aligerar la carga burocrática de los trámites administrativos actuales para la gestión.

Biomasa forestal como recurso energético

La biomasa forestal es un importante recurso energético renovable de gran utilidad para rentabilizar la gestión forestal sostenible, en particular cuando se trata de valorizar los residuos de la propia actividad. Así debe ser reconocido institucionalmente, evitando legislar de forma que se entorpezca su puesta en valor y dotándola de las ayudas pertinentes para su uso energético, térmico y en cogeneración.

Se propone:

• Facilitar la certificación de la sostenibilidad de la biomasa primaria exigida por la legislación europea, especialmente eximiendo a los pequeños productores de proximidad situados en zonas de bajo riesgo.
• Mantener indefinidamente la reducción del IVA, recientemente aprobada con carácter transitorio, al consumidor de biomasa para satisfacer la demanda térmica.
• Fomentar las redes de calor y el uso prioritario de biomasa para la demanda térmica, tanto a nivel particular como en sedes institucionales, no sólo por su interés ambiental sino económico y laboral, gracias a su menor costes respecto a otras fuentes energéticas no renovables y a la creación de empleo por extracción y gestión en el medio rural.

Agilizar la puesta en el mercado de productos forestales

Para avanzar en los aspectos productivos señalados, conviene recordar que existe el marco legal para dinamizar el sector. Sin embargo, no parece asumida una política conjunta de todas las administraciones competentes. Las medidas de fomento, que las hay, quedan inconexas o son de difícil acceso.

Por otra parte, también la Ley de Montes en su Título VI, Fomento Forestal, compromete a las Administraciones públicas a incentivar el asociacionismo, las cooperativas, la ordenación de montes privados, e incluso a la compensación al propietario por los servicios ecosistémicos que el monte produce.

Se propone:

• Desarrollar el punto 6 del Art. 36 de la vigente Ley de Montes.
• Exigir a las administraciones competentes realizar un esfuerzo conjunto en el contexto del desarrollo rural y la lucha contra la despoblación.
• Aplicar decididamente el Título VI, Fomento Forestal, de la Ley de Montes.

Fomentar la “producción” de agua por los bosques

La comunidad científica coincide en que incluir de forma significativa la gestión hidrológico-forestal en la planificación hidrológica de las cuencas supondría una mejora en general del ciclo hidrológico, no sólo en la mayor disponibilidad de agua, también en su calidad y en la regulación de los efectos de las riadas. El agua es, realmente, una materia prima con una repercusión vital en  todos los sectores y cada vez con expectativas de suministro regular más inciertas. El monte es el productor de esta materia prima.

Se propone

• Incluir la gestión hidrológico forestal en la planificación de los bosques, estimar el incremento de la aportación de agua a embalses que ello implica y su valor económico, y destinar esa cantidad a la gestión de los propios bosques.
• Considerar el servicio ecosistémico que el territorio gestionado por las comunidades rurales aporta al beneficio de las empresas públicas encargadas de los servicios de tratamiento y distribución de agua, de modo que parte del mismo debería redundar como pago por servicios ambientales a la población local.

Compensación económica de los servicios ecosistémicos de los bosques

Se considera necesario abordar de manera concreta y efectiva la valoración económica de los servicios ecosistémicos que producen los bosques que no tienen precio de mercado, y compensarlos adecuadamente.

Se propone:

• Desarrollar procedimientos para estimar el valor económico de los servicios ecosistémicos.
• Materializarlos a través de un Fondo Forestal Nacional sustentado con aportaciones de empresas privadas y públicas y de concesiones que se beneficien de los bosques mediante un adecuado retorno.
• Los bosques correctamente gestionados absorben más CO₂ que los abandonados, lo que sugiere considerar a la gestión forestal una herramienta eficaz para mitigar el cambio climático en los balances de carbono. En este sentido, la Administración General del Estado (AGE) debería defender en los organismos de la UE, la inclusión de la gestión forestal como mecanismo de compensación de CO₂.

4. Medidas de mejora

Mejorar la estructura y clarificar la propiedad forestal

Las zonas menos pobladas de España coinciden en gran medida con las más agrestes, mayoritariamente forestales, dónde abundan estructuras de propiedad del suelo que dificultan la gestión de sus propietarios: minifundio, montes de socios, proindivisos, etc. Mejorar la estructura y clarificación de la propiedad forestal en España es indispensable para conseguir unidades de gestión de tamaño suficiente para desarrollar una adecuada una gestión forestal.

Esta es una tarea que corresponde a la administración pública, la cual puede aplicar el precedente de la tarea realizada en zonas agrícolas en la segunda mitad del pasado siglo.

Se propone:

• Establecer un organismo público nacional que impulse la colaboración público-privada, dedicado a asesorar y fomentar la gestión de los bosques privados, tomando como ejemplo el Centro Nacional de la Propiedad Forestal de Francia.
• Abordar y fomentar la concentración parcelaria en zonas forestales dotándola de una cobertura legal acorde a sus peculiaridades para facilitar su implementación.
• Investigar la propiedad y dotar de capacidad de gestión a los propietarios de montes de socios y proindivisos.
• Favorecer el asociacionismo y cooperativismo forestal, en particular las Sociedades Forestales previstas en la Ley de Montes. Este fomento del asociacionismo en las políticas forestales debería ir acompañado de la inclusión en los presupuestos públicos de ayudas y subvenciones enfocadas a permitir alcanzar unidades mínimas de gestión rentable.
• Fomentar las organizaciones de propietarios forestales.
• Crear figuras técnicas y jurídicas (agencias comarcales, procuradurías) o aprovechar las existentes (Grupos de Acción Local, Grupos de Desarrollo Rural) que faciliten la movilización de los recursos forestales y la superación de las barreras de atomización de la propiedad forestal, así como la desconexión entre la propiedad y la cadena de producción.
• Mejorar la cartografía catastral de las zonas forestales siendo imprescindible la correcta coordinación con el registro de la propiedad para crear la seguridad jurídica sobre la posesión de los terrenos forestales.

Aumentar y dar estabilidad a la inversión forestal del sector público

Los bosques mediterráneos, que ocupan la mayor parte de la superficie forestal española, se caracterizan por su escasa rentabilidad en términos estrictamente financieros, por lo que requieren apoyo público o privado para incitar su gestión activa.

Globalmente, la inversión del sector público en medidas de protección, conservación y mejora de los recursos forestales ha disminuido a la mitad en la última década situándose en torno a los 900 millones de euros, de los cuales el 70% se dedica a la extinción de incendios. Por término medio, la inversión forestal apenas alcanza el 3% de la inversión total anual de las AA.PP. Estas inversiones carecen, por otra parte, de continuidad interanual en sus importes. Esta falta de continuidad actúa en contra de la fijación de población.

En España la mayor parte de la inversión pública que llega a los bosques proviene de fondos de la Unión Europea. Sólo 3 de cada 100 euros de la Política Agraria Común (PAC) se dedican en España al sector forestal. Es más, la inversión forestal es de 35 euros anuales por hectárea de los que sólo 11 se dedican a la gestión, los otros 24 están dedicados a la extinción de incendios forestales; esta situación debería ser corregida incrementando el gasto en prevención, de forma directa por inclusión en los presupuestos públicos, a través de la colaboración público-privada o fomentado la inversión privada en aprovechamientos forestales mediante un programa de figuras complementarias que abarcarían aspectos fiscales, divulgativos, de profesionalización, de asociacionismo y otras orientadas a superar la traba del minifundismo de la propiedad privada.

Por otro lado, se considera muy importante incluir la gestión forestal en el paquete de medidas a subvencionar por parte del Plan de Desarrollo Rural 2023-2027 y hacer un seguimiento continuo de su aplicación real por las Administraciones y de su eficacia, incrementando las cantidades destinadas por el FEADER a la gestión forestal.

Por último, se considera necesario incrementar los presupuestos autonómicos destinados a gestión forestal y tratamientos silvícolas: desbroces, clareos, claras, podas, etc. para reducir el riesgo de incendio forestal incontrolable, mejorando el estado fitosanitario de los bosques y su adaptación al cambio climático. Además, con estas inversiones, aumentaría la contribución de los bosques a las condiciones de vida en las zonas rurales más desfavorecidas.

Se propone:

• Impulsar una verdadera política forestal europea, independiente de la PAC, con una financiación suficiente para activar la gestión de los terrenos forestales.
• Un pacto entre los partidos para asegurar de forma sostenida para España una inversión mínima y constante de 1.200 millones de euros anuales en una gestión forestal adecuada (actualmente se invierten unos 300 millones de euros). A los indudables beneficios ambientales de esta inversión se uniría la movilización de productos de la bioeconomía forestal y la creación de empleo en el medio rural.
• Incluir la superficie forestal como criterio para el reparto de la financiación autonómica que hace el gobierno español.
• Incrementar la financiación de la gestión en los Montes de Utilidad Pública aumentado todo lo posible el porcentaje de los ingresos dedicados al Fondo de Mejoras, llegando al 100 % en los montes propiedad de las administraciones autonómicas, como se ha hecho en la reciente Ley 2/2021, de Medidas Económicas, Sociales y Tributarias frente a la Despoblación y para el Desarrollo del Medio Rural de Castilla-La Mancha.
• Fijar como objetivo un incremento del peso del sector forestal en el PIB acorde con la superficie que ocupa y con otros sectores de producción primaria en España.

Mejorar la fiscalidad y la financiación forestal

Desarrollo de figuras de fiscalidad para incentivar el aprovechamiento sostenible de los recursos forestales, creando una contabilidad específica que cuantifique el beneficio económico que para el conjunto del país representa disponer de montes bien gestionados y el ahorro en la extinción de incendios.

Se propone:

• Fomentar líneas de crédito y de seguro adaptadas a las peculiaridades de la inversión forestal: largo plazo, amplios periodos de carencia, multifuncionalidad y riesgo.
• Desarrollar métodos de colaboración público-privada para fomentar las inversiones del sector privado en la gestión forestal sostenible.
• Simplificar, armonizar y agilizar los procesos administrativos relacionados con la actividad forestal.

5. Coordinación sectorial e interadministrativa

Mejorar la estructura y clarificar la propiedad forestal

Se propone:

• Hacer del Consejo Forestal Nacional un instrumento coordinador y operativo, en lugar de una herramienta arrumbada, que proponga, desarrolle y supervise las políticas forestales de la AGE y de las CCAA, así como su vinculación con el resto de las políticas sectoriales en aras de mejorar las condiciones de vida los ciudadanos y de forma particular de los que residen en zonas rurales.
• Potenciar los mecanismos de participación de los municipios propietarios de montes en su gestión cuando esta no sea realizada de forma directa por ellos
• Apoyo de las Administraciones Estatal y Autonómica para la contratación de personal técnico que puedan prestar servicio a una o varias Entidades Locales propietarias de terrenos forestales para su gestión sostenible.

CONCLUSIÓN

Todo lo anteriormente mencionado podría resumirse en una sola palabra, repetida machaconamente: Gestión, Gestión y Gestión.

La gestión forestal profesional es la vacuna de nuestros montes, que no solo conducirá a reducir los incendios catastróficos, sino que también permitirá abordar el reto demográfico, la transición energética y la disponibilidad hídrica, además de crear y sostener empleo verde en el mundo rural.

En consecuencia, para maximizar las aportaciones de los terrenos forestales a la sociedad española, se considera necesario formalizar un Pacto Nacional por los Bosques incluyendo a todos los partidos políticos, con visión a largo plazo, que asegure la supervivencia y viabilidad económica de dichos terrenos, reconociendo la importancia de los selvicultores en la provisión de servicios ecosistémicos a todos los españoles.

Grupo de trabajo. Comité de Asuntos Rurales del IIE

Miguel Soriano

Juan Miguel Bermejo

José Ramón de Arana

Sigfredo Ortuño

José Antonio Rodríguez

Domingo Gómez Orea