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jueves, 20 de febrero de 2020

La desamortización forestal en España: consecuencias del pasado y riesgos del futuro

"La destrucción de los montes, cuando traspasa los justos límites, deshereda el porvenir. Algunas veces, en provecho de los intereses actuales, pero en otras desde luego en perjuicio de la agricultura, del comercio y de la salud."
Informe presentado por el Cuerpo de Ingenieros de Montes ante la idea la desamortización del siglo XIX
Rafael Fernández Rubio (centro), Presidente del CEMA, durante la celebración del encuentro.

Rafael Fernández Rubio (centro), Presidente del CEMA, durante la celebración del encuentro.

Ignacio Pérez-Soba y Díez del Corral, durante su presentación.

Ignacio Pérez-Soba y Díez del Corral, durante su presentación.

De izquierda a derecha, Ignacio Pérez-Soba, Rafael Fernández y Rafael Ceballos.

De izquierda a derecha, Ignacio Pérez-Soba, Rafael Fernández y Rafael Ceballos.

Ante las diferentes opiniones que se han publicado en los últimos meses acerca de la oportunidad de promover un proceso de desamortización o privatización de montes públicos como forma de paliar algunos efectos económicos provocados por la crisis financiera, el Comité de la Ingeniería y Desarrollo Sostenible del Instituto de la Ingeniería de España (CIDES) y el Club Español de Medio Ambiente ha celebrado un encuentro para reflexionar sobre las consecuencias que la desamortización forestal del siglo XIX originó en la propiedad forestal y en los mismos montes, así como los riesgos de una posible nueva privatización de los montes públicos.

Ignacio Pérez-Soba, Ingeniero de Montes, se refirió a la desamortización pasada, que, inspirada en el Informe sobre la ley agraria de Jovellanos que incluía los baldíos y las tierras de los Ayuntamientos (concejiles) como "estorbos políticos al interés personal", supuso que el Estado incautara por la fuerza bienes que no le pertenecían para disponer de ellos dando sólo una compensación al anterior dueño.

Al entenderse que los bienes en posesión de "las manos muertas" no producían lo que debieran, y para evitar el empobrecimiento de la Nación y para mejorar la liquidez de las Haciendas Locales (a la par que se obtenían recursos "extraordinarios" para equilibrar el presupuesto), se pusieron en situación de venta, entre otros, los predios rústicos del Estado así como los propios y comunes de los pueblos.

El efecto positivo e inmediato –y quizás el único- del ambicioso proyecto llevado a cabo por Mendizábal, primero, y Madoz, después, fue la primera clasificación de los montes públicos en la Historia de España. Era obviamente necesario seleccionar las masas de arbolado y terrenos forestales que por sus condiciones de situación, de suelo y de área fuera necesario mantener poblados o repoblar de vegetación arbórea forestal para garantizar la salubridad pública, el mejor régimen de las aguas, la seguridad de los terrenos o la fertilidad de las tierras destinadas a la agricultura.

Lamentablemente, a causa del desorden en las ventas, pérdida de los archivos centrales, falta de publicación de resúmenes de fincas realmente vendidas…, no hay cifras ciertas sobre la superficie que fue vendida en nuestro país, aunque se considera fiable la cita de cinco millones de hectáreas, más de la mitad de los montes identificados en 1859. Lo que sí es bien sabido, tal y como advirtió el Cuerpo de Ingenieros de Montes en 1855, que las generaciones siguientes quedaron desheredadas de un patrimonio forestal importantísimo, y el que no desapareció fue, desde luego, gracias a su labor en el siglo XIX. Fueron ellos quienes al promulgarse la desamortización pusieron de manifiesto que los montes públicos de especies climácicas o cercanas al clímax no podían pasar al dominio de particulares sin exponerse a causar graves daños a la agricultura y la salubridad del país, por lo que debían exceptuarse de la desamortización.

Aquella desamortización, como explicó Pérez Soba, no tuvo además las consecuencias esperadas por quienes la impulsaron:

La desamortización no supuso el ingreso económico que se esperaba, porque, entre otras causas, la puesta en venta masiva y obligatoria de tierras (y no por parte de su propietario) provocó el descenso de los precios y se produjo en muchos casos la declaración de quiebra del comprador, tras pagar el primer plazo: fue un fraude muy extendido. Además, las tierras se pagaban con papel de Deuda admitida por su valor de cotización.
Por otro lado, nadie ha sabido valorar hasta ahora los gastos que supuso la desamortización: ¿cuánto costó al Estado el aparato administrativo de ventas? tasación y medición, anuncios de subasta, expedientes de excepción, repetición de subastas, elevadísimo número de litigios...
Descapitalizó las Haciendas locales. Se obligó a una liquidación (muy poco líquida) de bienes que antes producían rentas o atendían al vecindario descargando otras zonas para ser subastadas. Termina la independencia de las Haciendas locales para usar sus bienes para atender necesidades del presupuesto, lo que les obliga al endeudamiento, o a la inacción.
Se desarticularon los sistemas locales de explotación forestal, puesto que se limitaron los terrenos que podía aprovechar el vecindario. Se crea una confusión, hoy casi insoluble, en el patrimonio municipal, entre bienes patrimoniales y comunales.
Fracasó el intento de hacer una nueva clase de propietarios, ya que las personas físicas que accedieron a la propiedad eran ya terratenientes o directamente especuladores. No había lugar para un pequeño propietario por falta de liquidez para adquirir los terrernos subastados a veces hasta 10 veces;
Se originó el gravísimo problema de los montes de socios, que hoy perdura, en relación con el registro de las propiedades y la capacidad jurídica de los propietarios, ya que muchos vecindarios, en el afán de burlar la Desamortización de sus bienes comunales, se organizaron para comprar ellos mismos los montes de su término sacados a subasta.
Se contribuyó a la deforestación. En muy pocos casos el nuevo propietario hizo una gestión acorde con principios científicos. Se produjeron muchas roturaciones totales de montes, sobre todo en aquellos montes de socios que no tenían necesidad de leña y se multiplicaron los incendios provocados como protesta social.
Dejó al Estado limitado para hacer una política forestal propia, al carecer de terrenos donde llevar a cabo las necesarias repoblaciones.

Rafael Ceballos Jiménez, Presidente del CIDES y Vicedecano del Colegio de Ingenieros de Montes hizo una revisión detallada de las posturas manifestadas por los representantes de los distintos estamentos y sectores de la actividad forestal, ante la posibilidad de poner en marcha una nueva desamortización (privatización de montes) de montes públicos para enjugar el cuantioso déficit de nuestra economía.

Los montes patrimoniales del Estado, las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales tienen un valor muy superior al precio que pudiera resultar de un trato comercial forzado. Con independencia de esa rentabilidad monetaria y directa debe resaltarse el gran valor de los montes como regladores de escorrentías, conservadores de la biodiversidad, captores de CO2, etc. "Si gobernar bien es gestionar adecuadamente el patrimonio público, malvender esos bosques sería, al menos, mal negocio y mal gobierno", afirmó Ceballos.

No se puede volver a caer en los errores de los tiempos de Madoz, con argumentos como que los montes públicos no tienen apenas ingresos y sí unos fuertes gastos en prevención de incendios y cuidados selvícolas. Como ejemplo de la rentabilidad de una buena gestión forestal de montes públicos fueron citados los pinares de Coca (Segovia) y los alcornocales de Ronda (Málaga), aunque no son una excepción: son numerosos los ayuntamientos que siguen adquiriendo montes como inversión patrimonial.

Podría decirse que los montes públicos, en el momento actual, no son rentables; pero debe considerarse que ahora no hay mercado para una buena parte de sus recursos tradicionales al igual que le pasa al conjunto de montes privados, incluidos los vecinales en mano común.

Los montes necesitan, por los beneficios que a todos nos proporcionan y por su falta de rentabilidad económica, unas garantías públicas en su gestión, que no supone sólo intervencionismo, sino también incentivos a sus titulares, a los selvicultores, para compensar las inversiones que su mantenimiento exige y mantener los beneficios que generan, de público disfrute.

El monte es notable fuente de recursos productivos y de empleo, a la par que sustenta un importante tejido social e industrial. Las obvias necesidades de atender una fuerte demanda conservacionista ha conducido a una política de abandono; pero hora es ya de reincorporar los montes a las cadenas de producción, en el convencimiento de que tarde o temprano la economía productiva volverá a tomar el protagonismo que le corresponde frente a la hoy denostada economía financiero-especulativa.

Ha llegado el momento de poner en valor, responsablemente, el patrimonio forestal público, en lugar de dejarse deslumbrar por los espejuelos de unas monedas que bien vendrían para parchear la maltrecha economía pero que, a los pocos pasos, a la vuelta del camino, se descubriría como chapucera e irresponsable solución transitoria, expuso Rafael Ceballos.

Autor: Gabinete de Prensa . Publicado: 20/12/2010 Última actualización: 22/10/2018 Enlace directo a este contenido


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