El 9 de mayo de 1855 se publicó una Real Orden por la cual a la Junta Consultiva de Montes se le solicitaba un informe sobre el estado de los bosques en España. El documento elaborado puede decirse que fue el origen del primer Catálogo de Montes de Utilidad Pública.

Un Real Decreto de 1896 define como Montes de Utilidad Publica

"... las masas de arbolado y terrenos forestales que por sus condiciones de situa-ción de suelo y de área sea necesario mantener poblado o repoblar de vegetación arbórea forestal para garantizar por su influencia física en el país o en las co-marcas naturales donde tenga su asiento la salubridad pública, el mejor régimen de las aguas, la seguridad de los terrenos o la fertilidad de las tierras."

La creación del Catálogo permitió y todavía permite la instrumentación jurídica capaz de mantener muchos de nuestros bosques libres de la especulación, aportando multitud de ventajas ecológicas, sociales y económicas.

A pesar de los numerosos cambios políticos que se han ido sucediendo desde la aparición del Catálogo, este instrumento jurídico ha permanecido aportando la tranquilidad de mantener espacios naturales intactos a la actividad depredadora del hombre. Incluso una sentencia del Tribunal Supremo de 1983 sancionó que en estos momentos son las Comunidades Autónomas las encargadas de su actualización y aprobación.

El proceso desamortizador de Madoz de 1855, aunque perjudicó notablemente la situación de nuestros montes, supuso un movimiento conservacionista paralelo que aportó un mejor conocimiento de los ecosistemas españoles y en particular de la geografía de España.

Esta herencia jurídica todavía vigente en la actualidad, con 142 años de vida a sus espaldas, es un símbolo de resistencia a ideales políticos, que desde un principio sirvió para conservar las zonas arboladas y terrenos forestales que por sus peculiares características merecieron el honor de ser protegidos contra la ambición del hombre.