La Tribuna del Decano

Hace un par de días firmaba el señor D. Jaime Lamo de Espinosa en un diario nacional un artículo en el que propone una nueva desamortización de los montes públicos españoles. No puedo estar en mayor desacuerdo.

Los efectos de la desamortización no pudieron ser más desastrosos para la naturaleza y los montes españoles. Miles de hectáreas desamortizadas fueron arrasadas y deforestadas y la erosión,las inundaciones, lo que hoy es biodiversidad, recreo, paisaje, sumideros de carbono y toda una larga lista de servicios ambientales cuyo valor no tienen precio, se perdieron en muchos casos para siempre en el tráfico mercantil de la venta de unos bienes que, no por estar en las llamadas “manos muertas”, carecían de interés para la sociedad española.

Fue entonces, en 1859, cuando el recién creado Cuerpo de Ingenieros de Montes, logró salvar de la desamortización 6 millones de hectáreas, que se incluyeron en el Catálogo de Montes de Utilidad Pública que en España han sido y siguen siendo la base de la conservación de la naturaleza.

Si el argumento para volver a repetir los errores del pasado es que los montes públicos sólo tienen gastos en prevención de incendios y cuidados forestales y muy pocos ingresos, ¿quiere decir esto que cuando pasen a ser montes privados, va a dejar de invertirse en ellos para generar más ingresos? ¿A cuenta de qué? ¿De la liquidación del suelo, de la recalificación urbanística? Porque si los montes ahora no son rentables, no es porque sus administradores públicos lo deseen, es porque no hay mercado para la mayor parte de sus recursos tradicionales, en la misma medida que no lo hay tampoco ahora para los 12,6 millones de hectáreas actuales de montes privados, incluidos los vecinales en mano común.

Los montes necesitan, por los beneficios que a todos nos proporcionan y por su falta de rentabilidad económica, unas garantías públicas en su gestión que no supone sólo intervencionismo, sino también incentivos a sus titulares, a los selvicultores, para compensar las inversiones que su mantenimiento exige y mantener los beneficios que generan, de los que todos disfrutamos.

Por poner un ejemplo: la calidad del agua de una ciudad como Madrid depende del estado de los montes públicos del Guadarrama, y no puede estar condicionada a los intereses del mercado. Igual ocurre en muchos otros lugares.

Fomentemos nuevas formas sostenibles de aprovechamiento del monte, como la biomasa forestal para energías renovables, que evita los incendios forestales, crea puestos de trabajo y evita la emisión de gases de efecto invernadero.

Si el Estado necesita dinero, no creo que haya que poner a la venta, para paliar el déficit, el Museo del Prado, la Alhambra de Granada o el Monasterio de El Escorial.

Dejemos que los montes públicos, que son parte sustancial de nuestra naturaleza y de nuestro medio ambiente, mantengan sus funciones y sigan garantizando el derecho de todos a disfrutar del medio ambiente, como señala el artículo 45 de la Constitución, y no tratemos de arreglar los problemas económicos con instrumentos que se demostraron perniciosos para los montes españoles y que causaron hace 160 años daños que aún no han logrado repararse.

• La Razón
• ABC
• noticias.com
• lainformacion.com
• Noticias Forestales

Durante estos últimos meses el conjunto de la Ingeniería española hemos puesto en marcha una serie de las acciones que con objeto de poder trasladar al Gobierno, nuestras argumentaciones y nuestra preocupación acerca de temas tan básicos como la Colegiación y el Visado Profesional, que se están poniendo en cuestión en aras de una presunta liberalización de los servicios que prestan los Colegios, pero sin alternativas, lo que termina en una desregularización de unas instituciones públicas, democráticas y protegidas por la Constitución, como son los Colegios Profesionales.

Ante la nula respuesta por parte de las autoridades, todos los colegios profesionales de ingeniería, ingeniería técnica, arquitectura y arquitectura técnica, además de otras organizaciones e instituciones, en representación de los intereses de 500.000 profesionales y 300.000 estudiantes, nos hemos visto forzados a adoptar una medida de presión que no va en nuestra línea habitual de funcionamiento y que se materializa, como ya te hemos comunicado, en la Convocatoria de una MANIFESTACIÓN EN MADRID de toda la ingeniería y la arquitectura el próximo día 7 de mayo a las 12:00 horas y cuyo recorrido partirá en la C/ Alcalá esquina Marqués de Cubas y concluirá con la lectura de un comunicado conjunto en la C/ Alcalá 3 frente al Ministerio de Economía, a eso de las 14:00 horas.

Creemos que la ingeniería y la arquitectura española se han ganado un prestigio en todo el mundo que no debería ponerse en peligro por acciones que consideramos irresponsables. Por ello, os animo a todos a que asistáis a esta manifestación para que con nuestra pacífica movilización podamos reiniciar un diálogo con el Gobierno, como hemos solicitado a su Presidente y alcanzar la mejor solución para los servicios de interés general que, como la salud, la seguridad y el medio ambiente, la ingeniería y la arquitectura prestan al conjunto de la sociedad española.

Esperando poder contar con tu presencia, recibe un cordial saludo.

PD: Si no pudieses asistir, te invito a que como muestra de apoyo por tu parte, firmes en la plataforma de recogida de firmas on-line.

La polémica Ley Ómnibus no lo define como de interés general

La Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo relativa a los servicios en el mercado interior ha quedado transpuesta en el plazo establecido y lo ha sido mediante la aprobación de la Ley 17/2009 (conocida como “Ley Paraguas”) y la Ley 25/2009 (conocida como “Ley Ómnibus”).

El objetivo fundamental de la Directiva es crear un marco jurídico que garantice la libertad de establecimiento y de circulación de servicios entre Estados miembros de la UE. Así éstos no podrán supeditar el acceso a una actividad de servicios o su ejercicio, a requisitos que no respeten los principios de no discriminación, necesidad y proporcionalidad. En cuanto a la necesidad cabe apuntar que dicho requisito deberá estar justificado por razones de orden público, de seguridad pública, de salud pública o de protección del medio ambiente.

Parece, pues, razonable, que como sucede en el resto de Europa, cualquier actividad de servicios que se realice en nuestro país implique la alta protección del medio ambiente. Y que además esté sometida a requisitos tales como la exigencia de una determinada cualificación profesional para poder realizarla. Ambos aspectos implican un control imprescindible de la actividad, que hasta este momento han realizado los colegios profesionales.

Nada más lejos de la realidad, ya que los grupos parlamentarios que apoyan al Gobierno en el Congreso de los Diputados han rechazado los acuerdos alcanzados en el Senado, en un ejercicio de “amplia lucidez” y de “visión de futuro”, olvidando el principio de la protección del Medio Ambiente, en la redacción de la Ley Ómnibus, en clara contradicción con los contenidos de la aireada Ley de Economía Sostenible.

2.500 millones en pérdidas

Parece entonces, que problemas que sufrimos como el cambio climático, la creciente desertificación de España, los graves daños y la pérdida de recursos producidos por los incendios forestales, la contaminación del aire que respiramos, del suelo que utilizamos o el agua que discurre por nuestros ríos y arroyos, o la creciente degradación de nuestros ecosistemas, carecen para la mayoría parlamentaria del Congreso de la más mínima importancia frente a criterios puramente económicos. Casi 2.500 millones de euros se perdieron en el decenio 1996-2005 sólo en costes de extinción de incendios forestales y en pérdida de recursos naturales.

Legislan, por tanto, dando la espalda al interés de los ciudadanos, a quienes sí importa la protección del medio ambiente cada vez en mayor medida. Por eso no comprendemos que un país como España, que se enorgullece a nivel internacional de apostar por un modelo de desarrollo basado en lo que el Gobierno denomina economía sostenible, pretenda sostener en sus leyes que la protección del medio ambiente, en contra de la propia directiva europea, no es una prioridad de interés general en el ejercicio de los servicios profesionales.

El Colegio de Ingenieros de Montes de España, entidad que agrupa a más de 3.800 profesionales, demanda a los legisladores la coherencia y responsabilidad que exige el artículo 45 de la Constitución y solicita que en los próximos desarrollos normativos sobre visados profesionales previstos en el desarrollo normativo de la Ley Ómnibus, sean considerados los trabajos relacionados con la protección del medio ambiente, al mismo nivel legal al menos, que los recogidos en la citada Ley relativos a la salud, la integridad física y la seguridad de las personas, por su derecho a disfrutar de un medio ambiente apto para su desarrollo.

Modificación de la publicada el 01/10/2009

En el año 2006 la Unión Europea aprobó la Denominada Directiva de Servicios (Directiva Europea 2006/123/CE relativa a los servicios en el mercado interior, también conocida como Directiva Bolkestein).

El Gobierno Español, al igual que el resto de Estados miembros de la UE, están obligados a su incorporación al ordenamiento jurídico de cada país, justo antes del 28 de diciembre de este mismo año.

En julio de 2008 tuvo lugar, en la sede del Ministerio de Economía y Hacienda (MEH), la primera reunión con los Colegios Profesionales del grupo de trabajo del MEH para la Transposición de la Directiva, con el objeto de informar sobre el proceso a seguir.

En España, la transposición de esta Directiva se realiza mediante la articulación de dos leyes: la Ley Paraguas y la Ley Ómnibus.

La primera de ellas es la ley de libre acceso a las actividades de servicios y a su ejercicio, Ley Paraguas cuyo objetivo principal es la simplificación de los procedimientos y la eliminación de trámites burocráticos, sirviendo de referencia para la regulación del sector de los servicios. Esta Ley reconoce a los Colegios Profesionales como “autoridades competentes”, con destacadas funciones para favorecer el desarrollo de la Directiva en temas como “la ventanilla única”, las tramitaciones telemáticas, la atención a los ciudadanos, usuarios y consumidores, la elaboración de códigos de conducta, la resolución extrajudicial de conflictos o la cooperación administrativa, entre otras.

La segunda, la Ley Ómnibus, trata de adaptar un gran número de normas (unas 47 leyes estatales que afectan a la propia Administración pública, los servicios profesionales, los servicios industriales y de construcción, energía, transportes, medio ambiente y agricultura entre otras) al nuevo marco jurídico tras la transposición, bajo el supuesto principio de aumentar la competitividad del sector servicios. El texto que está ya en el Senado va mucho más allá- inspirado en el informe sobre Colegios Profesionales de la CNC- de lo que inicialmente la Directiva de Servicios obliga a transponer.

Así, con la Ley Ómnibus, nos encontramos de frente con la mayor reforma que se pretende hacer dentro de las profesiones colegiadas desde la promulgación en 1974 de la Ley de Colegios Profesionales.

Bajo mi punto de vista esta reforma debilita el papel social de los colegios profesionales y, desde luego, a los de ingenieros que visan trabajos, función que supone una garantía para el interés general: seguridad, salud y medio ambiente.

¿Quién va a realizar esta función a partir de ahora?, ¿en qué plazo?, ¿con qué coste?. Hay demasiadas incógnitas sin respuesta en tanto no se conozca el desarrollo de esta Ley mediante a Ley de Colegiación y el Real Decreto de visado (plazo 12 meses y 4 meses respectivamente desde la aprobación de la Ley Ómnibus).

Por otro lado, debe quedar muy claro que un Colegio Profesional no es un obstáculo a la competencia, salvo que ordenar y regular una profesión bajo las normas dictadas por la propia administración sea una limitación a la competitividad de los servicios profesionales. La profesión de Ingeniero de Montes, como pasa con el resto de ingenierías, es relevante para el interés general en sus tres pilares de seguridad, salud y medio ambiente y por tanto se hace imprescindible su regulación.

Con el objetivo de conseguir un aumento de competitividad y un mayor estímulo de la actividad económica se propicia la total ausencia de garantías en la prestación de servicios profesionales al suprimir controles tales como la colegiación o el visado de los trabajos. La consecuencia directa de estas acciones sería el fomento del intrusismo profesional, fruto de la desregulación, y la pérdida de garantías por parte del ciudadano y la propia administración ya que la mayor parte de los servicios profesionales se prestarían sin control alguno y sin ninguna cobertura en cuanto a responsabilidad civil.

Los Ingenieros de Montes somos conscientes de que, entre otras cuestiones, nuestra principal misión es la de servir a la sociedad tratando de asegurar que ésta pueda disfrutar de un medio ambiente plenamente desarrollado que le aporte calidad de vida.

Nuestro Colegio Profesional, que lleva representándonos más de 50 años, funciona con una estructura adaptada a los recursos económicos de los que dispone tratando de ser competitivo en el cumplimiento de sus múltiples funciones al servicio de los ciudadanos y la sociedad.

Si la Ley Ómnibus merma dichos recursos como consecuencia de la limitación de los trabajos a visar, entonces será muy difícil satisfacer lo dispuesto en la Ley Paraguas para los Colegios Profesionales. Por tanto se hace imprescindible hacer ver, en la medida de lo posible, el valor añadido de los servicios colegiales de cara a sus usuarios y a los ciudadanos en general para que sean percibidos como agentes útiles y necesarios.