La actuación de los Ingenieros de Montes, con competencia sobre una gran parte del territorio nacional, ha estado condicionada a la política de los Gobiernos en relación con el manejo de los recursos naturales y a los medios necesarios para ello.

Podemos citar como primer logro el éxito por el informe llevado a cabo por el director de la Escuela de Montes, D. Bernardino Núñez de Arenas, secundado por los profesores Ingenieros D. Lucas de Olazábal y D. Indalecio Mateo, que dirigido al Ministerio de Fomento, fue tenido en cuenta en la Ley de Madoz del año 1.855 (continuadora de la desamortizadora de Mendizábal de 1.837), por la que se exceptuaron de la venta a particulares la mayor parte de los montes públicos. Para evitar mayores perjuicios a los pueblos, el Ministro de Fomento encargó al Cuerpo de Ingenieros de Montes llevar a cabo la "Clasificación General de los montes públicos" que se realizó con la celeridad exigida y que fue aprobada en septiembre de 1.859.

Hacía mucho tiempo que se sentía la falta de una Ley de Montes completa y constructiva, como base de la politica forestal. En 1.860 se creó una comisión encargada de redactar un proyecto de ley bajo la presidencia del Ministro de Fomento D. Manuel Alonso Martínez y en la que la carga principal del trabajo la llevó personalmente el ingeniero D. Agustín Pascual. Esta Ley de Montes fue aprobada en mayo de 1.863, y rigió hasta el año 1.957, lo cual prueba lo sólida y eficaz que fue. Como complemento de la citada Ley de Montes de 1.863, basándose en un proyecto de D. Lucas Olazábal, se aprobó en 1.877 la "Ley para la Mejora y Repoblación de los montes públicos exceptuados de la desamortización", en la que se estipulaba que el 10% de los ingresos forestales se dedicarían a repoblaciones y mejoras en los montes, y se adoptaban medidas selvicolas que fueron la base para la reconstrucción nacional del arbolado.

Este mismo año se creó la Comisión Revisora del Catálogo de Montes de Utilidad Pública. En 1.888 se logró que se acordase la repoblación de las cuencas hidrológicas de España, que se llevó a cabo en las vertientes del río Júcar (Valencia), cuenca del río Guadalentín (Murcia), del río Lozoya (Madrid) y en las dunas de Cádiz y Huelva con resultados tan eficaces que en 1.901 se creó el Servicio Hidrológico Forestal, con sus Divisiones territoriales. Los trabajos de corrección y forestación que realizaron estas Divisiones Hidrologico-Forestales fueron enormemente espectaculares en cuanto a la defensa de los suelos, debiendo citarse, entre otros, las realizadas en el Sureste de la península, mereciendo destacarse los de la Sierra de España (Murcia), así como los llevados a cabo a partir de 1.927 en la cuenca del Guadalmedina, que evitaron las inundaciones de la ciudad de Málaga, así como la corrección y repoblación forestal de las torrenteras del Calvario y Gibralfaro, en Málaga, donde se consiguió la total supresión de los arrastres que vierten dentro del casco urbano, haciendo posible que el alcantarillado recogiera el agua clara y regularizada. - - En 1.865 se dieron las primeras instrucciones para la ordenación forestal, pero adquirieron todo su apogeo con las Instrucciones Científicas, de D. Luis Olazábal, de 1.884, llegando a crearse en 1.890 un servicio, independiente de los Distritos Forestales, para desarrollar esta labor en los montes públicos de la nación. Se ordenaron grandes masas maderables y también montes productores de resina y corcho, dando gran impulso a la industria forestal privada. En 1.879 se promulgó la ley de Caza y en 1.888 apareció una disposición para la repoblación y fomento de la pesca en las corrientes y depósitos de agua dulce y se encargó a los Ingenieros de Montes de ese servicio. Antes de la 1a guerra mundial se fundó el Servicio de Plagas Forestales y en 1.921 se abrió un insectario en las reales posesiones de El Pardo, que fue inaugurado por el Rey D. Alfonso XIII y la Reina Dña. Victoria Eugenia. Mas la idea arraigada en intelectuales y políticos desde mediados del siglo XVIII de que en España la destrucción del bosque habla alcanzado extremos excesivos, fue tan profundamente arraigada en el Abogado del Estado y prestigioso economista D. José Larraz que, tras vencer toda clase de dificultades consiguió que se aprobase la creación del Patrimonio Forestal del Estado el 9/10/1.935. Pero por circunstancias de la guerra civil no comenzó a desarrollar su labor repobladora hasta que fueron aprobados en 1.940 y 1.941 los primeros créditos, y la Ley de 10/03/1.941, donde se reconoció la personalidad jurídica y la autonomía económica de este Organismo, con el mismo principio temático de 1.935: la vinculación de las rentas del Patrimonio a la futura y progresiva reforestación. El plan de forestación contemplado no tenía las limitaciones que se encontraban en objetivos de protección cuya necesidad fuese públicamente reconocida: prevención de incendios, torrentes peligrosos, dunas, zonas de aludes, etc. Por el contrario, el nuevo plan se extendía por todo el territorio nacional, a todos los medios físicos aptos para la forestación. La realización de este programa encomendada a los Ingenieros de Montes alcanzó la cifra de dos millones y medio de Hectáreas repobladas durante el periodo de 1.940 a 1.975.

Posteriormente, carentes totalmente de una política forestal nacional, la superficie forestada se ha visto afectada, debido al azote de los incendios forestales y debido a que la labor de protección y fomento del arbolado se encuentra totalmente reducida, dispersa y prácticamente abandonada por las fuerzas políticas, central y autonómicas, de la nación.